Gobierno uruguayo propone legalizar marihuana, que producirá y distribuirá

AFP, actualizado: 21/06/2012

Gobierno uruguayo propone legalizar marihuana, que producirá y distribuirá

El gobierno uruguayo presentará un proyecto de ley para la “legalización controlada” de la marihuana, que implica el control por parte del Estado de su producción y distribución, convirtiéndose en el primer país de América latina en proponer una norma de este tipo.

Jóvenes participan en Montevideo el 5 de mayo de una marcha por la legalización de la marihuana ante la sede del Congreso de Uruguay. Uruguay estudia autorizar la venta libre de marihuana

 

Jóvenes participan en Montevideo el 5 de mayo de una marcha por la legalización de la marihuana ante la sede del Congreso de Uruguay. Uruguay estudia autorizar la venta libre de marihuana

El gobierno uruguayo presentará un proyecto de ley para la “legalización controlada” de la marihuana, que implica el control por parte del Estado de su producción y distribución, convirtiéndose en el primer país de América latina en proponer una norma de este tipo.

El proyecto fue presentado en el marco de 15 medidas propuestas por el gobierno del presidente José Mujica para combatir el incremento de la inseguridad.

Esas medidas incluyen el agravamiento de las penas de prisión para los casos de corrupción policial y tráfico de pasta base de cocaína, incremento de las penas a menores que delinquen y planes para aumentar la eficiencia policial, entre otras.

“Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.

Actualmente hay en el Parlamento tres proyectos de ley de legisladores de distintos partidos para legalizar el autocultivo de cannabis, pero el gobierno desestimó esta opción “para no afectar a los países vecinos ni ser acusados de ser una especie de centro de fabricación y distribución internacional de drogas”, dijo Fernánndez Huidobro.

El ministro estimó que el mercado interno de marihuana representa actualmente un negocio ilegal de unos 75 millones de dólares anuales.

“Por eso nos inclinamos más al control estricto del Estado de la distribución, (y) producción de esta droga”, explicó.

“La nuestra no es una idea original, peregrina, es una idea que se viene debatiendo” en el mundo, dijo Fernández Huidobro, y añadió que el país defenderá la legalización en los foros internacionales.

“Va a ser política exterior del Uruguay la lucha por la legalización (de la marihuana) y la eliminación de la prohibición iniciada en el año 1971 por una errónea decisión del presidente (Richard) Nixon, que ha provocado todo este desastre, declarando una guerra que ha sido ganada por los narcos”, enfatizó.

Fernández Huidobro hizo referencia al incremento de homicidios por ajustes de cuentas entre delincuentes, que consideró “un síntoma claro de la aparición de ciertos fenómenos que antes en Uruguay no existían”.

Entre enero y mayo se registraron 133 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento de 70% en relación a los 76 casos denunciados en el mismo periodo de 2011.

El 20% de los casos fueron por altercados espontáneos, el 16% por ajustes de cuenta, el 17% por rapiña o hurto, y el 14% vinculados a violencia doméstica.

- Control de información policial en los medios -En Uruguay, con 3,2 millones de habitantes, el 8,3% de la población consumió marihuana en el último año, lo cual representa unas 128.000 personas, según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas difundida en mayo pasado.

Aunque el consumo de pasta base de cocaína (1,1% de los encuestados) no ha aumentado, esa droga es vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.

“Queremos (…) tratar de pelear a brazo partido contra el tráfico y consumo de pasta base, que es una de las drogas menos consumidas pero tiene efectos inadmisibles, y además no es droga, se trata de un veneno”, precisó Fernández Huidobro.

Las 15 medidas anunciadas por el gobierno fueron presentadas en un extenso documento denominado “Estrategia por la vida y la convivencia”, en el que el gobierno atribuye el incremento de la violencia a “los procesos de exclusión (…), que se generaron desde los años ?70 durante la dictadura y que fueron progresivamente consolidándose en los años ?90″.

Entre los planes está crear un fondo nacional de indemnización para víctimas de delitos violentos o familiares, crear un sistema especializado en denuncias de violencia doméstica y usar “todas las herramientas” de las que dispone para controlar la difusión de imágenes violentas en la televisión.

El ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker recordó que un decreto de 1988 define que el horario de protección al menor excluye a los informativos, los periodísticos y los programas políticos. “Nos proponemos modificar eso incorporando la integralidad de la programación en el horario de protección al menor para el control de los contenidos que se pasan”, indicó.

En mayo, se generó polémica por la reiterada difusión televisiva del asesinato de un empleado de un bar por un delincuente, grabado por las cámaras de seguridad.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que las medidas que requieran aprobación legislativa serán enviadas “a la brevedad” al Parlamento.

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