Gigantesco proyecto minero genera polémica en un país ganadero como Uruguay

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Autor:© AFP AFP

Un proyecto de explotación minera a cielo abierto a cargo de una empresa de capital indio genera polémica en Uruguay y divide a una pequeña zona ganadera entre quienes celebran el aumento del empleo y quienes quieren proteger el equilibrio ambiental.

La minera Aratirí -filial local del grupo Zamin Ferrous- explora desde hace dos años un área de 120.000 hectáreas en la zona de Cerro Chato (centro-este uruguayo) en busca de hierro, mineral cuyo precio no cesa de aumentar ante la demanda de los países asiáticos.

El gobierno aún no autorizó el inicio de la extracción, que se haría sobre 12.000 hectáreas, y pidió un nuevo informe de impacto ambiental, pero las actividades de exploración en la zona ya generaron resistencias.

En Uruguay el subsuelo es propiedad del Estado, por lo que los propietarios privados de la tierra no pueden negarse a permitir la exploración si esta fue autorizada.

Claudia Perugorría, que hace 10 años compró 47 hectáreas en la zona de Cerro Chato, acordó con la empresa el ingreso a su campo, pero ahora asegura que se lo “destrozaron”.

El destrozo al que se refiere Perugorría lo conforman el pasaje de camiones, el ruido, más perforaciones de las acordadas y sobre todo daños a las pasturas, que los productores cuidan como oro porque es la base de la explotación ganadera en el país.

“El tapiz vegetal en este tipo de suelo demora mucho en recuperarse”, asegura la mujer, que inició un juicio por daños a la minera y se niega a vender su campo.

Julio Gómez, vocero de los productores molestos, asegura que el proyecto es “desmesurado” para el tamaño de Uruguay (176.215 km2) y “altera seriamente el equilibrio ambiental que existe desde hace más de 200 años en esta zona”.

“Va a haber una sustitución de una actividad productiva sustentable por una actividad de tipo extractivo que trabaja sobre un recurso finito, como el hierro, y que tiene un ciclo de vida de 30 años”, sostiene, mientras muestra una serie de pequeños cerros que desaparecerían con la explotación.

“El suelo va a quedar totalmente degradado y no va a servir para nada”, lamenta.

“Además, el 95% de esa riqueza se va a ir por un mineroducto para favorecer la industria china e hindú, acá no se va a crear una industria siderúrgica, se van a llevar todo por un caño y al país le van a quedar los pasivos ambientales”, acusa.

Según el Código Minero vigente -en revisión en el Parlamento- el Estado se queda con 5% del mineral extraído.

Con una inversión prevista de 2.500 millones de dólares, la mayor en la historia del país, el proyecto de la minera incluye un mineroducto de 200 km hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa.

Éstos otros dos proyectos también son cuestionados por ecologistas preocupados por el impacto que pueden tener sobre áreas protegidas y la zona costera, básicamente dedicada al turismo.

Pero en Cerro Chato, localidad con 4.500 habitantes, muchos celebran la llegada de empleos y el aumento del comercio.

“Muchos que nos teníamos que ir del pueblo y venir cada 20 días, hoy estamos todos los días, trabajando ocho horas, con un salario bastante más digno del que cobrábamos como empleados rurales”, afirma Francisco da Silva, empleado por la minera y delegado del sindicato del metal.

“Esta es una de las zonas más atrasadas que tiene el país, mientras estos emprendimientos vengan y cumplan con todos los requerimientos que pide el Estado es muy positivo para la zona”, añade.

La empresa afirma que la inversión generaría 3.000 empleos en promedio durante la construcción y 1.500 en la etapa operativa, entre la terminal portuaria y la zona minera.

Según Santiago Sotuyo, responsable logístico del proyecto minero, representaría ingresos por 500 millones de dólares anuales al Estado, equivalente a 1,5% del PIB.

Actualmente los pequeños emprendimientos mineros en el país -calizas, piedras semipreciosas y oro- producen unos 12 millones de toneladas anuales y han representado en promedio en los últimos 20 años aproximadamente 0,27% del PIB. Aratirí prevé una producción anual de 18 millones de toneladas, por lo que la producción minera del país aumentaría 150%.

En medio de la polémica, el presidente José Mujica dijo el jueves que el gobierno no puede “laudar el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles”.

Para el director de Minería, Pier Rossi, el país “tiene que enfrentar un punto de inflexión en el sector minero” y resolver si apuesta al desarrollo minero a gran escala.

“El recurso minero es un recurso social. Nosotros somos los que generamos la demanda de los minerales como base de la cadena productiva”, sostiene. “Es la sociedad la que valoriza ese recurso y es la que tiene que decidir si entrar o no en esta etapa de desarrollo y cómo lo realiza”.

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